El 16 de abril de 2013, la Comisión Europea, presentó una PROPUESTA DE DIRECTIVA sobre divulgación de información no financiera que obligará a las grandes compañías a informar sobre sus impactos en materia social, ambiental, políticas de diversidad, respeto de los derechos humanos y medidas contra la corrupción y el soborno, siempre bajo la premisa de cumplir o explicar por qué no se informa sobre ciertos aspectos.
Las empresas obligadas serán aquellas que tengan más de 500 trabajadores, sumen un balance total de 20 millones de euros o bien una cifra neta de negocios de 40 millones, y tengan la consideración de entidades de interés público. Según datos facilitados en España de 120 a 130 empresas.
La Directiva ofrece a las empresas flexibilidad para reportar según las directrices y estándares internacionales como el Pacto Mundial de la ONU o el Global Reporting Iniciative (GRI), pero también europeos o nacionales. La Comisión Europea tiene previsto publicar una guía sobre la metodología aplicable a la presentación de información no financiera.