El 12 de octubre, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE por sus siglas en inglés) adoptó su posición sobre las nuevas normas relativas a las entidades de infraestructuras críticas de la UE.
Esta posición revisa la propuesta de directiva de la Comisión sobre la resiliencia de las entidades críticas, publicada el 16 de diciembre de 2020. La propuesta de directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas (CER) amplía el ámbito de aplicación de la directiva de 2008 para abarcar diez sectores de servicios esenciales: energía, transporte, banca, infraestructuras de los mercados financieros, sanidad, agua potable, aguas residuales, infraestructuras digitales, administración pública y espacio, mientras que la legislación de 2008 sólo se aplicaba a la energía y el transporte.
- Las principales disposiciones propuestas por la Comisión para reforzar la resiliencia de las entidades críticas son las siguientes
- Los Estados miembros tendrían que adoptar una estrategia nacional para garantizar la resiliencia de las entidades críticas y llevar a cabo evaluaciones de riesgo periódicas para identificar las entidades críticas;
- Las entidades críticas tendrían que llevar a cabo sus propias evaluaciones de riesgo y adoptar medidas técnicas y organizativas para garantizar su resiliencia, así como notificar los incidentes perturbadores;
- Un Grupo de Resiliencia de Entidades Críticas, que reunirá a los Estados miembros y a la Comisión, evaluará las estrategias nacionales y facilitará la cooperación y el intercambio de mejores prácticas;
- Un mecanismo de aplicación ayudaría a garantizar el cumplimiento de las normas: Los Estados miembros deberían permitir a las autoridades nacionales realizar inspecciones in situ de las entidades críticas e introducir sanciones en caso de incumplimiento;
- La Comisión proporcionaría un apoyo complementario a los Estados miembros y a las entidades críticas, por ejemplo, desarrollando una visión general a nivel de la Unión de los riesgos transfronterizos e intersectoriales, de las mejores prácticas, de las metodologías, de las actividades de formación transfronteriza y de los ejercicios para poner a prueba la resiliencia de las entidades críticas.
La posición de la LIBE propone:
- ampliar la definición de servicios esenciales, incluyendo menciones a la protección del medio ambiente, la salud y la seguridad públicas y el Estado de Derecho
- más transparencia cuando se produzcan interrupciones, exigiendo a las entidades críticas que informen al público en general sobre incidentes o riesgos graves;
- que los Estados miembros puedan prestar apoyo financiero a las entidades críticas;
- hacer que la cooperación transfronteriza sea “sin fricciones”, haciendo que los proveedores de servicios esenciales sean considerados “de importancia europea” si ofrecen servicios similares en al menos tres Estados miembros.
Próximos pasos:
Antes de iniciar las negociaciones con el Consejo, el proyecto de posición negociadora deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo en sesión plenaria.